Tras la intervención de Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, quien hizo un repaso histórico por el ámbito normativo del sector, Luis Ureña, auditor Interno y Asesor Legal de Cáritas, se centró en la problemática de la aplicación de la Ley vigente y subrayó las discrepancias legislativas existentes.

 

Entre los aspectos negativos de la reforma, destacó el aumento de la burocracia y los trámites administrativos, como la no aceptación de facturas electrónicas como comprobante de pago; la ausencia de plazo por parte de la Administración para el abono de la subvención; la anticipación del importe íntegro de la subvención por parte de la entidad; o la contemplación de cualquier compra a terceros como subcontratación.

 

Juan Jesús Donoso, director del Departamento Económico de Cruz Roja, realizó un análisis pormenorizado del anteproyecto y llamó la atención sobre los puntos esenciales recogidos en el texto que suponen graves perjuicios para el sector.

 

Así, se refirió a la obligación para las entidades de financiar con fondos propios o privados un 25% de cada proyecto que lleven a cabo; el aumento en tipo y cantidad de las sanciones que llegan hasta la inhabilitación para la solicitud de subvenciones y acceso a concursos públicos; el establecimiento del pago post justificación; y la práctica desaparición de las subvenciones directas (sólo contempladas en el caso de que estén recogidas expresamente en los Presupuestos Generales del Estado).

 

En su opinión, uno de los puntos clave en la adecuación de la Ley al sector es la concepción de la entidad como beneficiaria de la subvención, ya que, insistió, se trata de una concepción que "se queda corta y pobre", dado que las entidades del sector "son una correa transmisora", que no obtiene retorno de sus acciones, por lo que se debería diferenciar la subvención de interés general de aquella que no lo es.

 

Por ello, dijo, es necesario que se permita que los programas de estas entidades puedan ser subvencionados hasta el 100% incluyendo los gastos indirectos; que la inhabilitación de la entidad solo se aplique si se demuestra que hay culpabilidad manifiesta; que el pago sea por anticipado aplicable a todos los entes de la Administración Pública y no solo la estatal, y que se sigan concediendo subvenciones directas.

 

Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) España, fue el encargado de transmitir las conclusiones de la Jornada y dejó claro que el Tercer Sector está intentando con la modificación del borrador "evitar que una ley no se convierta en un problema" y "que el trabajo de las entidades sociales se pueda seguir haciendo de una manera eficaz y con calidad".

 

Asimismo, reiteró que los beneficiarios de las acciones del Tercer Sector son más de 10 millones de personas y "no las entidades sociales que actúan como intermediarios de la sociedad civil en favor de las personas más vulnerables de la sociedad".

 

El sector reclama introducir las disposiciones necesarias en el texto actual que solucionen los graves problemas detectados en cuanto a la co-financiación de las actividades, justificación de gastos, régimen sancionador desproporcionado y la recuperación de las subvenciones directas. Además, pide que la normativa reguladora establezca un control más ágil y menos burocrático sin menoscabo de la obligación de acreditar el buen fin de los recursos obtenidos.

 

En estos términos se ha pronunciado Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, quien incidió en que dado que se trata de un anteproyecto destinado principalmente a regular las subvenciones dirigidas a empresas, "se olvida de las singularidades del Tercer Sector". Por ello, pidió disposiciones que regulen quiénes son objeto de una regulación especial y qué artículos tendrán un tratamiento diferenciado para el sector.

 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, aseguró que este es un momento de mucha importancia para el sector ya que si se aprueba el anteproyecto de Ley, "que empeora el marco actual, se podría llegar a la desaparición del 90% de las entidades del sector". En su opinión, "están en riesgo de desaparecer años de lucha y trabajo en favor de los colectivos más necesitados y es necesario reaccionar con un discurso coherente".

 

Desde su punto de vista, el Tercer Sector está recibiendo un trato parecido al sector lucrativo, "olvidando que nace para ocuparse de las personas más vulnerables", ya que "convierte en beneficiarios directos de las subvenciones a las entidades y no a las personas".

 

"Si se aplicara tal y como esta en el borrador, supondría situar en el abismo al Tercer Sector", dijo, por lo que "es necesaria una estrategia de intervención común ante el actual acoso legislativo, ya que lo que está en juego es la supervivencia del Tercer Sector en España".